Gils Carbó irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resistir en su cargo

ANTE LA INICIATIVA MACRIFASCISTA PARA LIMITAR SU MANDATO, LA PROCURADORA RECURRIRÁ AL MÁXIMO TRIBUNAL PARA QUE LO DECLARE INCONSTITUCIONAL.

Alejandra Gils Carbó está confiada. Mientras el macrifascismo obtuvo en Diptados el dictamen al proyecto de ley para limitar su mandato hasta ahora vitalicio, la Procuradora General de la Nación ya tiene planificado su contraataque en la Justicia.

Para eso, según confiaron desde su entorno, la referente de Justicia Legítima denunciará la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa oficialista -Mugrizio Macri le exigió varias veces su renuncia como gesto de "dignidad"- amparándose en dos históricos fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Por un lado, el fallo "Sosa, Eduardo Emilio c/Provincia de Santa Cruz", le exigió el 20 de octubre de 2009 al por entonces gobernador Daniel Peralta restablecer en su cargo al Procurador General de la provincia. Así, el máximo tribunal del país, presidido ya por Ricardo Lorenzetti, rechazó la embestida de Néstor Kirchner en 1995 contra Sosa.

Por otro lado, el fallo "Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/proceso de conocimiento", le concedió el 19 de agosto de 1999 al por entonces ministro de la Corte Suprema permanecer en su cargo a pesar de lo establecido en la Reforma Constitucional de 1994 (top de 75 años) porque había jurado en 1983 como miembro del máximo tribunal.

Con estos antecedentes, Gils Carbó no dudará en defenderse ante la Corte Suprema de Justicia o incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, ya cuenta con el voto a favor de Elena Highton de Nolasco, quien ya advirtió que "la única vía para que la Procuradora General deje su cargo es el juicio político".

Sin embargo, el régimen macrifascista intentará a través de su proyecto de ley que el mandato de Gils Carbóa termine el 30 de agosto del 2017, es decir, exactamente cinco años después de haber sido designada por Cristina Fernández Kirchner. En cambio, desde el Ministerio Público Fiscal insisten en que un mandato de sólo cinco años viola su autonomía.